3 de setiembre de 2012
Se realizarán ocho concursos por un monto cercano a los 3 millones de pesos. Es para equipar varios nosocomios.
La presentación oficial de un seguro de salud para aquellas personas que no tienen cobertura médica generó dudas en diversos sectores. Para algunos, alude a la posibilidad de que se vayan privatizando algunos servicios.
En otros, despertó el interrogante de qué diferencia implica con respecto al sistema de salud pública provincial, que ya ofrece atención gratuita a quienes carecen de obra social. Además, la exposición del Plan de Protección Integral de la Salud suscitó dudas sobre de qué manera se concretarán las metas planteadas.
El titular del Ministerio de Salud, Carlos Díaz Russo, planteó una primera distinción: mientras el seguro está pensado para las personas que no tienen cobertura médica, el plan integral incluye a todos los mendocinos, tengan o no obra social.
Esto, porque apunta a la mejora de todo el sistema, a acciones de promoción y prevención, como también de auditoría y control. El funcionario hizo hincapié en que más de la mitad de los determinantes de la salud de la población se relacionan con el medio ambiente y los estilos de vida, por lo que son factores que se pueden modificar.
Díaz Russo indicó que diversos planes han fracasado porque sólo se trabajaba desde el Ministerio de Salud, cuando se trata de problemáticas que requieren un abordaje interministerial. Para lograr una tarea más coordinada se creará una Mesa Provincial, de la que participarán representantes de diversas carteras de gobierno y funcionarios municipales.
Por otra parte, se ha consultado a diversas entidades -profesionales, científicas, académicas- y se seguirá convocando a otras para integrar un Consejo Provincial de Salud.
De este ámbito deberá surgir un anteproyecto de ley que asegure que las acciones de promoción ya vigentes y los planes y beneficios no dependan de una gestión determinada, sino que se transformen en una política de Estado. Pero a su vez, el cuerpo tendrá que definir un presupuesto que permita implementar las mejoras necesarias.
Si bien el ministro reconoció que hay aspectos sobre los que se debe trabajar, y en forma urgente porque la gente lo reclama, consideró que la atención en el sistema público es muy buena. Una de las medidas a corto plazo, señaló, tendrá como objetivo reducir los tiempos de espera para cirugías y re-estructurar los turnos en los centros de salud.
Es que el número de consultas en estos creció 10% en los últimos 10 años, mientras en las guardias aumentó 25%, lo que evidencia que las personas acuden a las guardias porque se aseguran de que los atiendan.
A fines de octubre, los profesionales sanitarios de la provincia deberán presentar una declaración jurada con la dedicación horaria para poder planificar mejor la atención. Es que Díaz Russo sostiene que existen recursos humanos e infraestructura suficientes pero se deben organizar de un modo más eficiente y, por otra parte, apelar al compromiso de los profesionales y su capacidad de «ponerse en el lugar del otro» para gestionar la salud.
Un ejemplo de eso, planteó, es que a veces los turnos se entregan a las 7 de la mañana para un doctor que empieza a atender a las 10 o 12.
Otro, que durante el primer semestre de este año se mejoró en más de un 50% el recupero de las obras sociales, en comparación con el mismo período de 2011 y sin que se modificara el valor de las prestaciones. Esta falencia en el cobro a las empresas por las atenciones en efectores públicos se debía en gran medida, acotó, a que los profesionales no preguntaban a los pacientes si tenían cobertura médica.
Sobre el seguro público, el ministro detalló que se creará un registro de todas las personas que no tienen obra social ni están incluidas en algún plan (el Sumar, ampliación del Nacer, contiene a varones hasta los 18 y mujeres hasta los 64 años). Para detectarlos, se cruzarán padrones de PAMI, OSEP, Anses, etc, y se les entregará una identificación.
Además de certificar que esa persona que recibe atención gratuita no tiene cobertura, el registro tiene como finalidad identificar a poblaciones en riesgo -diabéticos, hipertensos, con patologías renales- para acercarles programas específicos. También se pretende que reciban un asesoramiento similar al que se ofrece a las personas que tienen obra social, es decir, detalle de la cobertura de medicamentos, dónde pueden atenderse y realizarse estudios.
«La gente mendiga salud y tiene que saber que es un derecho», manifestó Díaz Russo y agregó que para que puedan ejercerlo en forma efectiva las personas de menos recursos, debe ser un derecho explícito y con orientación.
También recalcó, en alusión a declaraciones de representantes gremiales, que no tienen pensado privatizar la salud ni copiar ningún modelo que deje excluida a una parte de la población.
Legisladores
Luis Francisco (PJ), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, comentó que hace unos 20 días se reunieron con el ministro y le pidieron que les remitiera una copia del Plan de Protección Integral de la Salud. Añadió que están a la espera, ya que existe voluntad de aportar sugerencias por parte de los miembros de los distintos bloques.
Tampoco en la Comisión de Salud de Senadores han sido invitados a las reuniones que han mantenido funcionarios del Ministerio con diversos actores. Ernesto Corvalán (PD) explicó que emitieron una resolución para invitar al ministro a una reunión el lunes que viene para abordar no sólo este plan sino también el manejo del presupuesto, la situación epidemiológica de la provincia, la realidad puntual de cada efector y el contexto gremial.
Sobre la propuesta de un programa integral, Corvalán opinó que, aunque no conoce sus características, se puede hablar de buenas intenciones, pero que el sistema tiene diversas falencias por lo que falta asegurar lo básico.
Gremios
Raquel Blas, de ATE, planteó que no se ha difundido el diagnóstico a partir del cual se definiría una política de Estado de salud ni se han presentado metas medibles.
Por el contrario, indicó que faltan médicos, sobre todo especialistas, porque las residencias no se fijan en función de las necesidades del sistema sino las del mercado; que es fundamental reforzar el sistema de atención primaria y volver al médico con población a cargo, que sale a recorrer la comunidad; y que existen diversas falencias en infraestructura y en la provisión de insumos y medicamentos.
Pero además indicó que el uso de la palabra «seguro» de salud remite a un sistema que ya se ha aplicado en otros países -como Estados Unidos, Colombia y Chile- y no dio buenos resultados.
Esto, consideró, va a conducir a que la atención a las personas sin obra social se realice tanto en efectores públicos como en privados y que el Estado pague a estos últimos. Como ejemplo, señaló que en lugar de reparar las máquinas de hemodiálisis del hospital Central hace cinco años, se hizo un convenio con un privado y se acordó el valor de cada tratamiento.
Pero además, indicó que en un futuro se podría llegar a que sólo se mantenga un mínimo de prestaciones obligatorias y gratuitas, mientras las de mediana y alta complejidad requieran el pago de un coseguro.
Y que también se creen administradoras de salud -un modelo equivalente al de las AFJP- para que manejen el sistema. «Para nosotros no puede existir un concepto de rentabilidad asociado a la salud y la enfermedad, por eso queremos un sistema sanitario público de calidad», señaló.
Isabel del Pópolo, de Ampros, subrayó que la salud es un derecho y que el hecho de que su acceso no haya sido efectivo para algunos se debe a la falta de planes. En cuanto al anuncio del ministro de Salud el martes pasado, manifestó desconocer el diagnóstico de situación que se ha elaborado y cómo se van a alcanzar las metas fijadas. En función de esto, consideró que lo percibe como un «decálogo de buenas intenciones», que se repite con cada nueva gestión. Del Pópolo comentó que han solicitado al Ejecutivo discutir sobre el presupuesto, revisar la ley de descentralización hospitalaria, evaluar por qué no funciona la atención primaria de la salud.
«Hay muchas cosas que tratar y me gustaría escuchar propuestas contundentes hacia la consolidación del sistema de salud», lanzó. Hace un par de semanas, Ampros y ATE lanzaron una campaña de recolección de firmas en distintos lugares de la provincia para solicitar que la salud se convierta en una política de Estado.
El titular del Círculo Médico de Mendoza, Ignacio Berríos, contó que asistió a la presentación del programa y que los invitaron a participar del Consejo Provincial de Salud. En este sentido, opinó que es positivo que se entienda la salud como un bien que se debe asegurar y también que la convocatoria a este espacio de discusión sea amplia.
El médico indicó que los objetivos que se han planteado son muy ambiciosos y que habrá que ver cómo se pueden alcanzar, sobre todo porque hay una serie de problemas a resolver.
Gustavo Granella, de la Asociación Redes Nueva Frontera (que trabaja con HIV y sida), se mostró sorprendido conque en el país haya una mirada más inclusiva de la salud pero en la provincia no se haya convocado a las organizaciones civiles para definir un plan integral. Así, planteó que desde la entidad están trabajando con Nación pero no se han podido reunir todavía con el gobernador ni con el ministro local.
Indicó que no entiende bien por qué se habla de un seguro de salud para garantizar la atención gratuita de quienes no tienen obra social cuando el Estado ya cubre 100% de ciertos tratamientos para quienes carecen de cobertura.
Explicó que los profesionales que trabajan en el ámbito público, y más aún cuando tienen a cargo programas sanitarios, no deberían atender en consultorios particulares, ya que suelen derivar a sus pacientes con obra social y con ello desfinancian al sistema.
En cifras
1.860 millones de pesos es el presupuesto de este año para salud y más de 80% se destina a salarios.
23 hospitales hay en la provincia.
350 centros de salud provinciales y municipales y postas sanitarias se distribuyen en el territorio.
2.600.000 consultas se concretan cada año.
91 mil egresos hospitalarios.
920 atenciones de urgencia.
40% de la población no tendría cobertura médica, según estimaciones.
22 a 25% de las atenciones en el sistema público provincial son a personas que tienen obra social.
7% ha crecido la atención en los centros de salud en los últimos 10 años.
25% han aumentado las consultas en las guardias en una década.
4.770 médicos hay en la provincia.
2.500 enfermeros faltan para cubrir las necesidades del sistema.
Licitación por tres millones de pesos
El Gobierno provincial llamó a licitación para la puesta en marcha del Plan de Protección Integral de Salud presentado el pasado 28 de agosto, con un monto cercano a los 3 millones de pesos. En esta primera convocatoria está prevista la compra de una torre de endoscopía, una ambulancia, mobiliario, un grupo electrógeno, un ecógrafo, la realización del proyecto para un servicio de esterilización y la compra de equipamiento que incluye una incubadora y una torre de laparoscopia.
De los ocho llamados publicados, siete se realizarán en setiembre, quedando sólo uno para el 17 de octubre. El monto total de la inversión es de 2.748.192,80 pesos y representa el primer paso para la concreción del flamante proyecto sanitario del Gobernador.
Licitaciones en detalle:
– Adquisición de una ambulancia para el Servicio de Emergencia Coordinado: 250.000 pesos. Apertura de licitación: 7 de setiembre
– Compra de grupo electrógeno para la Unidad de Internación en crisis: 130.000 pesos. Apertura de licitación: 10 de setiembre.
– Adquisición de un ecógrafo: 102.992,80 pesos. Apertura de licitación: 10 de setiembre.
– Torre de Endoscopia para el servicio de Gastroenterología del hospital Central: 996.000 pesos. Apertura de licitación: 13 de setiembre.
– Servicio de esterilización, 151.200 pesos. Apertura de licitación: 28 de setiembre.
– Adquisición de equipamiento para hospital Perrupato: 450.000 pesos. Apertura de licitación: 17 de octubre.
– Compra de grupo electrógeno para la Unidad de Internación en Crisis 130.000 pesos.
– Adquisición de máquina de lavar y servicio de lavandería: 500.000 pesos.
Ampliaciones, equipamiento y aperturas
El ministro de Salud mencionó diversas adquisiciones, ampliaciones y aperturas previstas para los próximos tres años, pero esto dependerá de la asignación de un presupuesto acorde.
– 10 vehículos para el programa de emergencias, 3 nuevos móviles sanitarios y 1 para la campaña de hemodonación continua.
– Inauguración del hospital de Malargüe, ampliación del Ramón Carrillo (Las Heras) y refuncionalización del Central
– Apertura de nuevos centros: oftalmológico provincial, odontológico provincial, de lucha contra el cáncer, regional de reemplazo articular y tres quirúrgicos más (para llegar a 12).
– Puesta en servicio de unidades de diagnóstico intensivo en La Paz, General Alvear, Lavalle, Maipú, Tupungato, Las Heras, Guaymallén, San Carlos.
– Remodelación de centros de salud en Lihué, Anchoris, Pareditas y Ugarteche.
– Rehabilitación: en los hospitales Pereyra, Lencinas y Perrupato; de alta complejidad en el Central, el Notti y el Schestakow; y de baja y mediana complejidad en 11 hospitales.
– Laboratorios de salud pública, de producción de medicamentos y de productos médicos
– Servicio de neonatología en el hospital Lagomaggiore y nuevo vacunatorio central.
Fuente: Políticas Públicas UNCuyo
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